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4 de marzo de 2001
Sr. Don José Maria Treviño
Ruiz
Director del gabinete técnico
del Ministro de Defensa
Estimado señor:
Acuso
recibo y le agradezco su respuesta de 31 de enero de 2001 en relación
con el BIC del arsenal. Reconozco que han hecho vds. un esfuerzo
por justificar jurídicamente las posiciones del ministerio y esa
labor estoy seguro de que ha de sernos de mucha utilidad en el
futuro. Nuestros abogados estudian ya su respuesta junto con el
resto de la documentación que obra en nuestro poder y con la que
hemos solicitado a otros organismos de la administración. Una
vez estudiada toda esa documentación decidiremos nuestra posición
y se lo comunicaremos.
A la espera de esa fijación de posición quiero decirle que comprendemos
las razones de ese Gabinete pero nos parece que existen todavía
muchas zonas de sombra en este asunto, que no se justifican por
los argumentos de la defensa nacional y que podrían resolverse
con una posición constructiva del ministerio al respecto.
Además creemos que las justificaciones defensivas no alcanzan
a edificios o instalaciones como el cuartel del C.I.M, la farmacia
de marina o las baterías de costa que hace tiempo que están fuera
de uso. ¿Por qué tanta reticencia a la intervención de los funcionarios
de cultura en esos proyectos cuando están siendo ejecutados por
arquitectos, ingenieros y empresas civiles sin ninguna vinculación
a la administración militar salvo la puramente mercantil?. En
cualquier despacho técnico están los planos de las instalaciones.
¿Por qué no pueden estar en la mesa del Director General de Bellas
Artes para que informe de la faceta histórica de esos edificios?.
No alcanzamos a comprenderlo. Nos parece que de la misma misma
forma que Defensa no puede ignorar la legislación Medio Ambiental
y hacer una instalación nuclear en el Arsenal, pongamos por caso,
tampoco puede ignorar en nuestra modesta opinión la legislación
de Patrimonio Histórico y destruirlo.
¿Por qué no se establece un procedimiento de actuación en los
edificios históricos militares de acuerdo con el Ministerio de
Cultura que sea respetuoso
con los intereses defensivos y con la Ley de Patrimonio?
Desde nuestra perspectiva el mayor problema lo plantea la Gerencia
de infraestructuras que gracias a la orden
21-1-1999,
núm. 24/1999 (Boe
28-1-1999, núm. 24, [pág. 3976]
tiene capacidad de gestión e incluso enajenación de los bienes
inmuebles y que no defiende otros intereses que los financieros
de la defensa nacional. Pero la Gerencia es un instrumento de
gestión que no puede estar por encima de la legislación de Cultura.
De hecho la Gerencia se rige por una simple orden que es una norma
de rango inferior a la Ley de Patrimonio y que puede ser cambiada
o adaptada a la problemática que planteamos. En cualquier caso
esta Asociación no esta dispuesta a que se financie la Defensa
nacional a costa del patrimonio histórico. y por ello seguimos
creyendo que existe un vacío legal en estos temas.
Atentamente,
Juan-Miguel Margalef Martínez.
Presidente de ADEPA
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