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Cartagena. 6 de septiembre de 2002
Pretende el Sr. Saura desviar la atención del tema de la polémica
sobre las competencias de la Dirección General de Cultura y el
CIM hacia asuntos irrelevantes como mi pasada gestión como Director
General de Cultura o mi militancia política. No recuerdo haber
ofendido al Sr. Saura y no entraré al trapo que me propone, pero
ya que me ataca tan ferozmente aclararé un par de cosas que considero
personalmente importantes para mi buen nombre y en honor a la verdad.
Primera. El Sr. Saura me acusa de tener mala memoria pero "omite
malintencionadamente" que soy un simple militante del PSOE sin responsabilidad
orgánica alguna y que no soy candidato a ningún puesto político
por ese partido. Es decir, todo lo contrario que él que es el Secretario
General del Partido Popular en Cartagena y que aspira a repetir en las
listas de ese partido.
Muy mala opinión debe tener de la acción política
el Sr. Saura cuando se permite hacer reproches de este tipo a un simple
militante de un partido político. Yo respeto la adscripción
política del Sr. Saura pero como ciudadano, como presidente de
ADEPA y como socialista que tiene una cierta experiencia en gestión
del patrimonio critico su gestión. Las personas no somos más
o menos creíbles por las ideas que tenemos sino por las actitudes
o decisiones que adoptamos.
Segundo. En lo que se refiere a mi gestión como Director General
de Cultura no seré ni tan ingenuo como para pretender que el Sr.
Saura me haga justicia, ni tan presuntuoso como para exponer públicamente
los que yo considero mis méritos personales. Comprendo que el Sr.
Saura no tenga memoria de aquella época porque en aquel momento
debía estar en el Instituto o empezando la carrera de Derecho.
Sin embargo le daré dos pistas para que investigue sobre mi gestión
personal al frente de la Dirección General de Cultura y le reto
públicamente a que las reconozca ante los medios de comunicación.
Con ello le doy la oportunidad de informarse y de demostrar su buena fe
que, a tenor de su respuesta, yo cuestiono. Comprendo sin embargo que
el Sr. Saura pertenece a esa categoría de personas que están
en política más por lo que ignoran que por lo que saben.
La primera pista se refiere al Colegio Augustal que se inaugura la semana
próxima en la Calle Caballero y el tema a investigar es de quien
fue la decisión de conservar el yacimiento proponiendo compensaciones
urbanísticas a sus propietarios.
La segunda pista se refiere al papel que desempeñó la Dirección
General de Cultura bajo mi dirección en la paralización
de las obras del Antiguo Hospital de Marina (actual sede de la Universidad
Politécnica de Cartagena) para evitar que el proyecto que se estaba
llevando a cabo destruyera un edificio tan bello.
Dicho todo esto y volviendo al fondo del asunto, que es lo único
que importa, aclararé al Sr. Saura que lo único que interesa
a ADEPA es el Patrimonio histórico de Cartagena y que nos es indiferente
la opinión que tenga el equipo de gobierno del Ayuntamiento de
Cartagena sobre las competencias de la Dirección General de Cultura.
Sobre obviedades no se discute.
Vivimos afortunadamente en un estado de derecho y las Asociaciones de
Patrimonio hemos comprendido hace tiempo que en Cartagena y con esta administración
hemos de recurrir a los tribunales para defender lo que consideramos justo.
Ello explica la gran cantidad de causas pendientes por temas relacionados
con el Patrimonio histórico que hay en los juzgados de Cartagena
en la actualidad; y que incluso se haya producido alguna sentencia condenatoria
de la administración como es el caso de la causa promovida por
la asociación Massiena contra el Ministerio de Defensa por el incumplimiento
del deber de conservación en las baterías de costa. Por
desgracia, los proyectos patrocinados por la Administración no
son más respetuosos con el patrimonio histórico que los
de los particulares: ahí esta el caso del antiguo convento de las
Siervas (hoy Parking pirata) y la destrucción de los diques de
Feringán en el Arsenal.
El hecho de que se critiquen o se lleven a los tribunales asuntos tan
graves como la actuación en el CIM, el nuevo Catálogo de
edificios protegidos o los diques de Feringán no supone una descalificación
global de la gestión del Ayuntamiento de Cartagena o de las administraciones
implicadas.
ADEPA ha criticado siempre puntualmente aquellas cosas que le parecía
que estaban mal en casos concretos pero nunca jamás ha descalificado
globalmente la política de patrimonio histórico del Ayuntamiento
dirigido por Doña Pilar Barreiro. El hecho de hacer algunas cosas
bien no justifica que se cometan desmanes en otras. El único tema
un poco amplio pero su propia naturaleza es el problema derivado de la
Modificación 98 (Catálogo de Bienes inmuebles) a cuyas alegaciones
lleva sin contestar el Sr. Saura desde hace dos años.
Pese a todo ello debo recordar a la opinión pública que
al menos ADEPA, Massiena y la Vocalía de Cultura de la Federación
de Vecinos hemos hecho múltiples intentos de aproximación
a la administración municipal para entablar un diálogo constructivo
pero todo ha sido en vano. El Ayuntamiento presidido por Doña Pilar
Barreiro no busca el diálogo sino una patente de corso.
En ninguna época anterior desde la aprobación de la Ley
de Patrimonio han existido en Cartagena más asociaciones de defensa
del Patrimonio ni más conflictividad en torno a estos temas que
en la actualidad. Este es un hecho objetivo relevante incluso a nivel
nacional: ¡Cartagena es una de las ciudades más conflictivas
de España en temas patrimoniales!.
Pues bien, la ley es bien clara en cuanto a las responsabilidades políticas
y técnicas de cada administración. Si el Ayuntamiento de
Cartagena pretende amedrentar a la Dirección General de Cultura
o burlar sus competencias con triquiñuelas jurídicas atraerá
sobre si mismo toda la responsabilidad de las decisiones que tome. Y lo
mismo le sucederá a la propia Dirección General de Cultura,
a la Dirección General de Bellas Artes o al Ministerio de Defensa
si consienten por acción u omisión la realización
de delitos contra el patrimonio en Cartagena.
ADEPA estará allí para exigirlo y sabemos que muchas otras
asociaciones y particulares nos apoyarán también.
Juan-Miguel Margalef
Presidente de ADEPA
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