NOTA DE PRENSA
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El
Ayuntamiento de Cartagena conocía desde abril de 2004 un informe de la
Dirección General de Cultura referido al PEPRI que no le daba la razón en el
tema del CIM y pese a ello ha seguido adelante con su proyecto y oponiéndose a
las denuncias de ADEPA. La Dirección general de Cultura no ha hecho nada por
aclarar este malentendido. Ambas administraciones han podido concertar sus
actuaciones para que no se conociera el error del Ayuntamiento en el caso del
CIM. Los hechos serán puestos en conocimiento del juzgado en el momento
oportuno.
Así
se desprende del anuncio, publicado el pasado 15 de abril en varios periódicos
regionales, relativo a la modificación del PEPRI del Conjunto histórico que
puede consultarse en la Página Web
del Ayuntamiento de Cartagena. Y en el archivo adjunto
En
el mencionado edicto el Ayuntamiento de Cartagena anunció “a todo bombo” la
suspensión de la aprobación “definitiva Parcial” del Plan de reforma especial
del Conjunto histórico de Cartagena, recién aprobado por cierto, a fin de incorporar cuarenta edificios más
al Catálogo de los ya protegidos atendiendo a la petición de la Dirección
General de Cultura.
Nada
se dijo en la rueda de prensa de presentación de dicho anuncio de porque el
Ayuntamiento acepta ahora catalogaciones a las que se ha venido negando desde
hace cinco años; ó ¿ Porqué no hizo esa incorporación en la aprobación
provisional del PEPRI?
ADEPA
sigue estudiando el texto de la aprobación definitiva parcial del PEPRI que al
fin le ha sido remitida –también parcialmente- por el Ayuntamiento de
Cartagena y en su momento emitirá el informe adecuado sobre éste y sobre otros
aspectos, igualmente importantes, del PEPRI.
Pero
lo que llama especialmente la atención son las dos últimas líneas del anuncio
que tienen una interpretación muy significativa para esta Asociación, que viene
luchando decididamente desde hace varios años para conseguir que se respete la
ley y para evitar que en el entorno del CIM se cometa un atentado contra el
patrimonio histórico.
En
las dos últimas líneas del anuncio del día 15 se dice literalmente que se
propone la inclusión en el catálogo de la :
“…Antigua
residencia y farmacia del arsenal, en calle Maestranza ante las reales
Atarazanas. Hasta el momento en que se resuelva el expediente de demolición de
este inmueble, debe quedar protegido ya que lo estaba en el
genérico del arsenal del PGOU”.
Al principio del mismo anuncio se justifica la modificación del catálogo en un
informe que la Dirección General de Cultura emitió el 29 de abril de
2004.
Consultado el informe de Cultura al PEPRI hemos
encontrado el siguiente párrafo que justifica la modificación del catálogo que
se propone con respecto al entorno del
CIM. El subrayado es nuestro
De estas informaciones se extraen varias conclusiones
indiscutibles:
1º: Que la farmacia de marina siempre ha estado
protegida dentro del PGOU por la calificación general que tenía el Arsenal :
Grado 3
2º Que la Dirección General de Cultura –Máxima
autoridad regional en la materia- ha exigido, coherentemente con su informe de
9 de agosto de 2002, que se proteja especialmente la farmacia hasta que se
resuelva un misterioso expediente de demolición cuya existencia viene negando
el Ayuntamiento desde hace varios años.
3º Que el informe de la Dirección General de Cultura
en el que se recoge esa exigencia está
fechado el 29 de abril de 2004 y por lo tanto era
conocido por el Ayuntamiento de Cartagena cuando inició las actuaciones para
demoler el entorno del CIM. La comunicación del director general de Cultura
reforzaba la ya hecha por D. Fernando Armario en agosto de 2002.
4º Que el ayuntamiento de
Cartagena era conocedor de quien tenía la máxima competencia en materia de
patrimonio histórico en la Región y pese a ello intentó evitar su control
porque no le convenía su informe.
Si
todo esto es así hay muchas preguntas que quedan en el aire:
1ª ¿Por qué el Ayuntamiento de Cartagena no respetó
desde el principio su propio Plan General que le obligaba a proteger el entorno
del CIM como todo el Arsenal?
2ª ¿Cómo pudo permitirse la alcaldesa de Cartagena
descalificar públicamente al Director
General de Cultura en el año 2002 cuando dijo algo que ella sabía que era
cierto y que ahora sabemos que es la misma postura que sigue sosteniendo la
Dirección General de Cultura en el año 2004?
3ª
¿Por qué el Ayuntamiento de Cartagena inicia un proceso de demolición de un
edificio como la Farmacia que sabía protegido sin expediente firme de ruina,
sin hacer las modificaciones necesarias del Plan General y sin pedir los
permisos oportunos a quien sabía muy bien que era la autoridad competente?
4ª ¿Por qué el Ayuntamiento de Cartagena no atendió
los leales avisos de ilegalidad de ADEPA, privados primero y públicos después,
que empezaron a producirse hace más de cuatro años ya ?
5ª ¿Por qué se descalifica públicamente desde las más
altas instancias del Ayuntamiento a ADEPA y en especial a su presidente por
denunciar judicialmente unos hechos que están resultando ser totalmente ciertos
y de cuya ilegalidad había prevenido al propio ayuntamiento?
6ª ¿Cómo se puede tener la temeridad de pedir
responsabilidades civiles millonarias a movimientos ciudadanos que no hacen
otra cosa que pedir que se cumpla la ley cuando es el Ayuntamiento quien la
incumple manifiestamente?
7ª ¿Cómo se puede tener la temeridad de anunciar
públicamente a finales de 2004 que se va a pedir a la Dirección General de
Cultura un informe sobre el CIM que ya obraba en posesión del Ayuntamiento de
Cartagena desde abril del 2004?
8ª ¿Cómo se puede tener la temeridad de demandar a la
Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura por retirar un
permiso que se sabía que no era competente para emitir?
Por
último hay un par de preguntas que cabe hacer a la Dirección General de Cultura
cuyo papel vemos poco claro en todo este asunto:
¿Cómo
se explica que la Dirección General de Cultura no haya salido a la opinión
pública y haya puesto en claro todos estos extremos que eran fundamentales para
la protección de un Bien Histórico y haya beneficiado en cambio con su silencio
cómplice a una institución pública (Que resulta ser de su propio
partido), perjudicando con ello a ciudadanos que no han hecho otra cosa que
pedir que se respete la ley?
Adepa
podrá en conocimiento del juzgado estos nuevos hechos por si fueran
constitutivos de delito
Cartagena 21 de abril de 2005
