En relación con la resolución de la sección 5ª de la audiencia provincial desestimando la denuncia interpuesta por las asociaciones Adepa y Massiena por presunta prevaricación del Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena los recurrentes manifiestan:

1º Su absoluto respeto a la resolución judicial en su estricta literalidad, que desestima la acción penal pero no descarta las responsabilidades administrativas que pueden concurrir en los hechos denunciados como puede leerse en el párrafo segundo del razonamiento jurídico de la Audiencia. (Se adjunta fotocopia del auto judicial)

Fallo de la audiencia

2º Atendiendo a dicha resolución la Audiencia Provincial confirma el sobreseimiento provisional de la causa en cuanto a los posibles delitos denunciados (que serían juzgados por el Código penal) pero no se descarta las posibles irregularidades administrativas en las que ni el juzgado de Cartagena ni la Audiencia Provincial han querido entrar.

3º Las demoliciones ilegales denunciadas por Adepa y Massiena en la causa aludida y otras muchas que se han autorizado después se produjeron en el marco de un vacío legal provocado por el propio ayuntamiento de Cartagena que mantiene desde hace dos años abierto el procedimiento administrativo de la Modificación 98 del Plan General de Ordenación Urbana. Como se reconoce en el avance del PEPRI que se encuentra en exposición pública la Modificación 98 se encuentra en fase de aprobación inicial desde hace dos años. La causa de ese retraso es a todas luces la imposibilidad de contestar a las alegaciones presentadas por Adepa, Massiena y la Federación de vecinos de Cartagena. Este retraso está permitiendo a la Concejalía de urbanismo decretar derribo tras derribo utilizando dos instrumentos de planeamiento contradictorios entre sí: el Plan General y la Modificación 98. Lo que es totalmente ilegal antes y después de la sentencia de la Audiencia Provincial a juicio de las Adepa y Massiena.

3º Al ayuntamiento de Cartagena y sólo al Ayuntamiento de Cartagena corresponde según la ley de procedimiento administrativo contestar a las alegaciones presentadas a la Modificación 98 por lo que miente descaradamente el Sr. Concejal de urbanismo cuando dice que la tramitación se encuentra pendiente de la respuesta de la Dirección General de Cultura. El texto refundido es el que tiene que aprobar posteriormente la Dirección General de Cultura y no las alegaciones.

4º Adepa y Massiena reafirman más que nunca su intención de seguir luchando por el Patrimonio de Cartagena a pesar de las vergonzosas descalificaciones a las que sus representantes y asociados son sometidos por el gobierno municipal de Doña Pilar Barreiro.

5º Adepa y Massiena manifiestan su respeto por las personas que constituyen el equipo de gobierno municipal a las que nunca han difamado. El derecho a buscar el amparo de los tribunales frente a las actuaciones que determinadas personas en el ejercicio de sus cargos tengan, no puede considerarse desde ningún punto de vista un ataque personal. Bien al contrario los ataques y las amenazas a los presidentes de estas asociaciones y a algunos de sus asociados si pueden considerarse difamatorias por el tono y los argumentos empleados por los representantes del Gobierno municipal.

6º Para salir de la situación a la que se ha llegado Adepa y Massiena proponen las siguientes medidas:

1º La respuesta inmediata del Ayuntamiento de Cartagena a las alegaciones presentadas por Adepa, Massiena y la Federación de consumidores y usuarios de Cartagena contra la aprobación inicial de la Modificación 98.

2º La paralización de los derribos ilegales que se realizan al amparo de la aprobación inicial de la modificación 98

3º La creación de un Consejo Asesor de Patrimonio donde puedan discutirse estos asuntos. La metodología a seguir en el funcionamiento de dicho Consejo asesor debería ser justamente la contraria a la seguida en la redacción del avance del Plan especial del Conjunto histórico de Cartagena.

7º En relación con el avance del Plan Especial del Conjunto histórico las quejas de ADEPA y MASSIENA se refieren en principio al procedimiento seguido por el Ayuntamiento para redactar el Avance del PEPRI. ADEPA y MASSIENA fueron consultadas inicialmente pero no volvieron a tener conocimiento de la utilización que se hacía de sus aportaciones hasta verlas publicadas en el avance del PEPRI. En consecuencia ADEPA y MASSIENA no se consideran co-responsables de dicho documento. Pese a todo ello ADEPA y MASSIENA darán a conocer sus críticas y sus propuestas respecto al Plan Especial a través de los medios de comunicación y por los procedimientos administrativos usuales.

Juan-Miguel Margalef Martínez (Presidente de ADEPA)

Eugenio Ramírez Mateo (Presidente de MASSIENA)